3 de septiembre de 2020. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para América Central y el Caribe (UNODC ROPAN) y ONU Mujeres organizaron el webinar “Gobernabilidad y Derechos Humanos de las mujeres privadas de libertad en tiempos de Covid-19”.
Con el objetivo de analizar el impacto del Covid- 19 en la protección y garantía de los Derechos Humanos de las mujeres privadas de libertad en Centroamérica, este evento contó con la participación de Juana López, Vice-Ministra de Gobierno de Panamá, Edgar Vladimir Prado Ortíz, Director de la Escuela Penitenciaria en El Salvador, Cecilia Alemany, Directora Regional Adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe; Muriel Jourdan, oficial de Prevención del Crimen y Justicia Penal y punto focal de Rehabilitación y Reintegración de privados de libertad de UNODC y José Vila del Castillo, Representante Regional de UNODC para América Central y el Caribe.

 

“Aún antes de la pandemia, las mujeres privadas de libertad han sido reconocidas como más vulnerables ya que las prisiones y los regímenes son generalmente diseñados para hombres: arquitectura, procedimientos de seguridad, salud y programas de capacitación). Así, en general, los sistemas penitenciarios tradicionalmente no toman en cuenta las situaciones específicas de las mujeres”, expresó José Vila del Castillo, Representante Regional de UNODC para América Central y el Caribe.

Añadió que en el mundo “hay más de 700,000 mujeres presas, comparadas con más de 10 millones de hombres. También hay unos 19,000 niños viviendo en las cárceles con sus madres. La pequeña proporción de las mujeres dentro de la población penal es una de las razonas por las que los sistemas de justicia criminal siguen siendo diseñados y manejados pensando en los hombres, usualmente bajo mandos masculinos también”.
El Representante Regional subrayó que “asegurar la salud y el bienestar de los reclusos, los funcionarios penitenciarios, otro personal de las cárceles y los visitantes debe ocupar un lugar central en las medidas de prevención y control de infecciones”.

Además, “deben respetarse las salvaguardas fundamentales descritas en los estándares internacionales y regionales de derechos humanos como veremos a través de las presentaciones de los ponentes”.

Edgar Vladimir Prado Ortíz, Director de la Escuela Penitenciaria en El Salvador, informó que “El Salvador fue uno de los primeros países en tomar acciones concretas desde que la OMS emitió el anuncio de pandemia a inicio de marzo de este año”. Aseguró que desde entonces “empezaron a hacer una serie de acciones relacionadas al tema de los centros penales para asegurar la salud de los privados de libertad, especialmente para las mujeres”.
“La política institucional que implementamos desde la Dirección General de Centros Penales, tanto para mujeres y hombres privados de libertad, coloca a las mujeres en primer plano y las posiciona como prioritarias, especialmente para todas aquellas madres que tienen a sus hijos al interior de los centros penitenciarios”, manifestó el funcionario salvadoreño.
Informó que en El Salvador hay 2,860 mujeres privadas de libertad y 100 hijos de privadas de libertad. El país cuenta con cuatro centros penitenciarios de atención femenina.
La Viceministra de Gobierno de Panamá Juana López Córdoba agradeció a UNODC por haber organizado este evento y recordó que “desde el año 2010 esta oficina ha venido apoyando al Estado panameño coadyuvando con las autoridades para generar numerosas iniciativas exitosas”.

“Hablar de la realidad de nuestros centros penitenciarios es sumamente complejo y preocupante debido a las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad, incrementando aún más su condición de vulnerabilidad. En este contexto internacional, la crisis del Covid-19 ha tenido un impacto sin precedentes en la mayoría de los contextos”, destacó López.

Agregó que “los efectos de la pandemia se sienten mucho más fuerte en las cárceles. Esta pandemia ha exacerbado la situación que ya era caótica en las prisiones de América Latina”.
La Viceministra destacó que “entre las peores situaciones que desnuda esta pandemia están las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad”. Y llamó a la reflexión sobre “¿quiénes se encuentran en dicha situación y cómo actuar para proteger sus derechos?”.
“La preocupación es aún más apremiante para las mujeres, ya que componen uno de los grupos más vulnerables y enfrentan mayores retos dentro de los centros penitenciarios exponiéndose a un riesgo mucho mayor de contagio a esta nueva enfermedad”, señaló la funcionaria.

Enfatizó que la Dirección General del Sistema Penitenciario panameño ha venido desarrollando herramienta, conocimiento y habilidades técnicas a la mujer privada de libertad y mencionó el programa “Mi voz para tus ojos”; “Integrarte”, la primera marca comercial penitenciaria y “Detrás del muro”, programa de resocialización que consiste en una obra musical. Señaló que el 77% de la población penal femenina participa de algún programa de reinserción social y laboral.

 

Para Cecilia Alemany, Directora Regional Adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, urgen “los esfuerzos de formación para la reinserción social y económica de las mujeres privadas de libertad, ya que están volviendo a un mundo Covid con más desempleo y menos posibilidades para establecer redes”.

Señaló que "el riesgo de recaer en el delito y volver al sistema penitenciario es mucho mayor que en el pasado, ya que la economía no las espera con las mismas posibilidades de hace algunos meses”.

Hizo un llamado a “garantizar los derechos, la seguridad y salud de las mujeres privadas de libertad debe incluir los servicios adecuados de salud sexual y reproductiva, salud mental y sus vínculos con sus familiares y dependientes”.

Muriel Jourdan, oficial de Prevención del Crimen y Justicia Penal y punto focal de Rehabilitación y Reintegración de privados de libertad de UNODC, expresó la urgencia de “adoptar medidas para disminuir el hacinamiento, incluido la reevaluación de los casos de prisión preventiva, así como la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario o libertad anticipada, en particular para personas consideradas en el grupo de riesgo como mujeres embarazadas o con niños a su cargo y que estén prontas a cumplir condenas”.

“Para las mujeres privadas de libertad es crucial tener la posibilidad de mantener un contacto con el mundo exterior:  por ejemplo, tener contacto virtual o telefónico con la familia y también con representantes legales y tribunales para que se respecte su derecho de acceso a la justicia”.

Destacó que “se debe respetar el principio de inocencia de cada persona, evaluando el riesgo que se corre al someter a una mujer a prisión preventiva en el contexto de la pandemia”.
Jourdan expresó que “aún en contexto de emergencia, el derecho internacional nos recuerda que las medidas tomadas deben ser limitadas temporales y estrictamente necesarias y proporcionales”.